¿Podemos mejorar la educación?

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Es inevitable plantearnos, a unos días vista del inicio de aplicación de la nueva ley de educación (LOMCE) qué es lo que podemos esperar de ésta.

Mi opinión es muy clara: bien poca cosa. Si en el ámbito político desgraciadamente está generalizada la corrupción, es decir la búsqueda del provecho propio, en el educativo lo extendido es el incumplimiento voluntario y consciente. Esto exige un cambio en una de estas dos direcciones:

  1. Hacer las leyes a medida de lo que los docentes y los centros educativos consideran como adecuado para educar, a través de un pacto social sobre el sistema educativo
  2. Hacer cumplir a los docentes y equipos directivos lo que imponen las leyes que nos hemos dado hasta la fecha.

De hecho hasta la fecha se han aprobado muchísimas leyes educativas, pero se han cumplido en lo superficial (el nombre de las asignaturas, la carga horaria y poco más). Ninguna reforma educativa de la democracia se ha aplicado en el aspecto pedadagógico, aunque todas han tenido un componente en este sentido. Es constatable que una gran cantidad de profesores ni se leen ni aplican los programas educativos. Los equipos directivos de los centros educativos escriben páginas y páginas de planes educativos de los que no se cumple ni un cuarto: plan de convivencia, de atención a la diversidad, de lectura y escritura, de cultura emprendedora.

Tanto los docentes como los inspectores saben de sobra que todo esto no se aplica, pero ¿quién quiere trabajar más? Dichos documentos sólo tienen la función de justificar con negro sobre blanco la aplicación de las orientaciones educativas modernas. Pero ¿quién se va a poner a revisar si todas esas medidas educativas se aplican?

De hecho, debido a la extrema amplitud documental del sistema educativo, los documentos y programas son inoperativos. Existe una inflación de folios año a año en los despachos, en los que pone cosas que no tienen sentido y que a menudo nadie se lee, y que lo que provoca es una devaluación de la calidad de la enseñanza. No nos engañemos: los docentes consideran normal no leerse la programación, y ya no digamos los contenidos curriculares de la ley (que muchos no saben ni dónde encontrarlos). En los centros educativos todos los años se rellenan cientos de folios para justificar un cumplimiento de la ley que no existe en la práctica docente cotidiana.

En consecuencia:

  • Se sigue enseñando igual que en los años 70 (trabajo individual, en silencio, escrito y “bien sentados”)
  • Se evalúa igual que con la ley del 70 (exámenes escritos esencialmente mecánicos y memorísticos, no exigen razonamiento)
  • Los padres presionan a los docentes para que sigan haciendo las cosas igual que cuando ellos estudiaban (en los años 70) y cuando éstos pretenden evaluar conforme a la ley (por competencias) o no completan todas las actividades del libro de texto al final del curso les consideran malos profesionales que descuidan el aprendizaje de sus hijos.
  • Los materiales no han cambiado (son idénticos a los de los 70 y 80, o incluso peores) pero en otros soportes (pizarra digital, CD, tableta, etc) y responden a la misma pedagogía (transmisiva, enseñanza directa, aprendizaje memorístico/mecánico).
  • Lo único que diferencian a las programaciones anuales de un año al siguiente es la fecha.
  • Ocurre lo que no ocurre en ningún otro sector profesional: la innovación se ve como un peligro para la educación, y es mejor ponerle coto. Este aspecto es especialmente importante y es lo que ponen de relieve los resultados académicos globales y el índice de fracaso escolar.
  • Los medios educativos establecidos por la ley no son coherentes con los objetivos del sistema educativo según la misma ley.

Por lo cuál es necesario:

  • Una ley educativa de consenso entre profesionales y sociedad civil. Que los políticos dejen de hacer leyes de educación conforme a su ideología, y se limiten a definir los objetivos del sistema educativo, no los medios. De esta forma dejarán de cambiar cada cuatro años.
  • Una enorme simplificación en los requisitos documentales de las programaciones educativas que se limiten a lo realmente útil y necesario para los profesionales.
  • Autonomía real de los centros educativos para establecer programas diferentes y no discriminatorios.
  • Suficientes recursos económicos para contratar los docentes necesarios que hagan bajar la ratio alumno/profesor.
  • Un sistema de formación y selección de funcionarios docentes completamente diferente, que seleccione a los mejores expedientes de cada promoción para la carrera docente y que además premie las experiencias innovadoras por encima de las horas de formación.
  • Una enorme inversión en innovación y formación docente.
  • La supervisión de la aplicación de dicha formación en el ejercicio docente.
  • El establecimiento de unos procedimientos documentales sencillos cada año, donde se concrete lo que en realidad se va a enseñar cada año.
  • Establecer cauces para flexibilizar el currículum de forma que cada alumno (a partir de unos mínimos) pueda diseñar su propio proceso formativo en base a sus cualidades y motivación.
  • Un currículum de educación básica organizado por competencias y no por materias.
  • La inclusión explícita de las nuevas metodologías (inclusiva, cooperativa, inteligencias múltiples, thinking based learning, proyectos, etc…)
  • La estabilización del personal docente en los centros públicos durante periodos de tiempo suficientes que permitan el trabajo en equipo y la ejecución de programas de innovación.

Y en resumen una educación basada en lo que los alumnos necesitan aprender, no en lo que los docentes quieren enseñar.

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